¿Está a punto de que España deje de ser Capital Pirata? De acuerdo con las autoridades mundiales de propiedad intelectual y las de Estados Unidos en particular, en España no se protegen los derechos de propiedad intelectual. Llevamos tiempo sufriendo el embate de la piratería, tanto como esfuerzo destinado a que las instituciones públicas pongan cara y ojos a las víctimas de la piratería. El número de comercios dedicados al cine y al vídeo cerrados son cuantiosos, así como el de negocios familiares arruinados o la creciente cifra de desempleados del sector. Hasta ahora, todo esto parecía no contar en absoluto para las instituciones oficiales. El debate abierto en la sociedad sobre la propiedad intelectual, se sitúa de forma muy injusta contra los titulares de estos derechos, confundiendo los términos y esgrimiendo un buen número de excusas para defender la libre circulación de contenidos en Internet, a costa de vulnerar esos derechos. Hasta la delictiva actividad de los manteros, fuente muy a menudo de la financiación de delitos de gran alarma social, parece contar con la simpatía no sólo de la sociedad, sino de las instituciones que deben velar por la aplicación de las leyes.

Se ha venido pidiendo con insistencia una legislación adecuada, una aplicación eficaz de esas leyes y una sensibilización de la sociedad: tres estrategias que deben ir unidas y deben mejorarse mucho, si no queremos que un sector generador de riqueza y empleo, desaparezca definitivamente de nuestro país. La descarga no autorizada de música, cine y videojuegos –y posiblemente en un futuro muy cercano de libros– a través de las redes P2P o del “streaming”, es el mayor desafío al que han tenido que enfrentarse las industrias de contenidos en todo el mundo. Muy especialmente en España, donde, durante el último año, se descargaron 2.000 millones de canciones, 350 millones de películas y 40 millones de videojuegos, sin respetar la propiedad intelectual. En algunos medios de prensa, extranjeros y nacionales, se otorga a España –cuna de música, literatura y cine de respeto y prestigio universal–, esa marca vergonzante: la de Capital Pirata. La propiedad intelectual es vulnerada a diario con total impunidad, sin que las pérdidas económicas causadas a los sectores que dependen de ella (el de la música, los videojuegos y el cine, principalmente), provoquen una reacción contundente en nuestro gobierno que permita detener el continuo cierre de comercios, empresas y demás negocios que las descargas no autorizadas están causando. Algo ante lo que sí están reaccionando otros gobiernos europeos, como el francés, el sueco o el británico, apostando y defendiendo sus industrias de contenidos.

Somos un país en el que los titulares de derechos de propiedad intelectual carecen de herramientas legales para defender lo que es suyo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Son nuestras leyes adecuadas? ¿Se aplican correctamente? Sencillamente, asistimos a una gran confusión, acrecentada por no haberse adaptado la legislación prevista para el mundo analógico al mundo digital, y por focalizar el debate sobre la propiedad intelectual en torno a la remuneración por copia privada –el famoso canon–, llegando a afirmarse que el abono del mismo confiere el derecho a copiar. Existe un claro desequilibrio entre la defensa de los derechos de los usuarios de Internet y los derechos de los titulares y creadores de los contenidos que aquéllos desean disfrutar.

La sociedad de la información no puede desarrollarse sobre la vulneración sistemática de los derechos de un sector como el de la propiedad intelectual. Si lo permitimos, su futuro, que ahora parece imparable, estará viciado. Es como si dejamos crecer una ciudad en la que no existe control alguno sobre lo que los comerciantes ofrecen a los ciudadanos: el Banco carece de identidad y no sabemos si nos va a estafar (“phishing”); la farmacia ofrece un montón de productos sin ninguna garantía, liderados por el “viagra”; y el videoclub ofrece películas sin certificado de calificación, grabadas en una sala de cine de forma chapucera… Este no es el Internet que los ciudadanos se merecen.

La situación se ha agravado hasta tal extremo, que las autoridades parecen haber reparado en la necesidad de adoptar medidas y de forma urgente contra la piratería. Así lo reconoce la reciente decisión del Consejo de Ministros, que ha creado una comisión interministerial involucrando a ocho ministerios con una misión: proponer medidas para regular las descargas ilegales de contenidos en Internet y un plazo: antes de que finalice el presente año y se inicie la presidencia española de la Unión Europea. Bienvenidas sean si, finalmente, se aprueban y sirven para lo que demandamos: el final de España como Capital Pirata. Porque aunque el daño infringido a muchas familias y pequeñas empresas ya no tiene remedio, la situación puede reconducirse. Y esta industria, tan mermada de fuerzas y, sobre todo, de ánimo, podrá volver a ser la que era, e incluso más, porque el futuro es esperanzador por la cantidad de alternativas tecnológicas y de consumo que ofrece.

El Consejo Constitucional francés y el propio Parlamento Europeo, han dado vía libre para exigir el control de las redes a los prestadores de servicios y han abierto la puerta para que los Estados miembros establezcan procedimientos de notificación y retirada de contenidos ilícitos, pudiéndose llegar hasta la restricción del acceso a Internet para quienes vulneren la propiedad intelectual. ¿Y nuestro Gobierno? Parece que ha tomado el buen camino y que pronto veremos resultados a favor de nuestra industria. Varias decisiones judiciales recientes demuestran que puede perseguirse la puesta a disposición de contenidos a través de Internet, y que estas páginas son mucho más que buscadores o facilitadores de enlaces.
El futuro de la Sociedad de la Información pasa, inexorablemente, por lograr equilibrar todos los derechos que están en juego. Y entre ellos, el de muchos trabajadores anónimos, que ven peligrar su futuro laboral por culpa de la piratería.