Está a punto de cerrarse el primer semestre del año, un periodo en el que todos esperábamos que se hubiesen producido noticias positivas para la industria del audiovisual. Quizás habría que decir –en vez de positivas– definitivas, en el mismo sentido. Y positivas o definitivas quiere decir que los implicados en solucionar los problemas derivados de la piratería en internet –La Coalición y REDTEL–, hubiesen llegado ya a un acuerdo, implicando al Gobierno en él, pues éste se encuentra a la espera de que ambas organizaciones rubriquen un dictamen de entendimiento para, inmediatamente, legislar en la dirección que todos deseamos y exigimos. Pero no ha sido así o al menos no se ha producido ninguna fogata blanca, aunque –para consuelo de todos–, como en las elecciones papales, los implicados “siguen reunidos” (a escondidas) para alcanzar un consenso. Consenso al que ya habían llegado semanas atrás, como lo demuestra el documento que publicamos en nuestra revista, denominado ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA DE CONTENIDOS DIGITALES EN INTERNET. En toda negociación complicada y en donde se mezclan múltiples intereses que condicionarán las empresas y los negocios de todos los implicados en los años venideros, los compromisos definitivos se hacen rogar. Y por lo que sabemos, eso es lo que está sucediendo entre La Coalición y REDTEL. Nos consta que ha habido grandes dificultades para llegar a plasmar esa multitud de intereses, muchas veces contrapuestos, de ambas entidades, en este documento que publicamos. Pero se ha llegado; y si, como es reconocible, ambas partes están de acuerdo con él, ¿por qué no se firma ya de una vez por todas y le damos al Gobierno los instrumentos que está esperando para convertirlo cuanto antes en un Decreto Ley que empiece a funcionar a favor de los intereses del mercado?

La verdad, no acertamos a comprender las causas de que un documento que está consensuado, no se haya firmado aún. Oímos múltiples rumores que señalan a REDTEL como causante de esta demora, debido a razones que se salen de toda lógica industrial y empresarial: que si no les ha gustado el nombramiento de la actual Ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, porque la ven demasiada inclinada hacia los intereses de la industria de contenidos; que si les ha sentado mal que el Gobierno imponga a Telefónica y a otras compañías la obligación de pagar una parte de los gastos de mantenimiento de una RTVE sin cortes publicitarios; que si quieren presionar al Gobierno para que les concedan más beneficios fiscales. ¿Y mientras tanto, el enfermo –que ya está en las últimas–, cómo lo sacamos del coma? Tal vez a REDTEL (integrada por ONO, ORANGE, TELEFÓNICA y VODAFONE) no le corra prisa que se mantenga en la UVI o que incluso se muera. Pero a todos las organizaciones que están en La Coalición (ADIVAN, ADICAN, ADESE, EGEDA, FAP, PROMUSICAE y SGAE) les interesa que las medicinas se distribuyan YA. Afortunadamente, al Gobierno se le está acabando la paciencia y, según fuentes muy cercanas a él, a las que ha tenido acceso nuestra revista, legislará en un periodo no superior a dos meses a partir del uno de junio si las partes no rubrican el documento que han consensuado. Será en forma de un Decreto Ley que recogerá los puntos acordados por La Coalición y REDTEL en el documento que publicamos.

Al Gobierno se le acaba el tiempo también. Quedan pocos meses para que España presida la Unión Europea; y no puede –ni debe– llegar a dirigir la política de los 27 estados miembros, con esta asignatura suspendida y, además, con la mínima nota: un CERO. Recién aprobada en Francia la legislación favorable a los derechos de autor; y con ejemplos tan claros y evidentes de persecución de la piratería por parte de sus socios de la CEE (Reíno Unido, Países Bajos, Países Nórdicos, Alemania, etc.), a José Luis Rodríguez Zapatero y a su Gobierno no les queda más remedio que seguir el mismo camino, emprendido por los países que están promulgando leyes para proteger a sus industrias culturales y que, en el caso de España, representan, nada menos, que el 3,8% del PIB. Y si los ejemplos a seguir nos llegan de los vecinos y socios comunitarios, las amenazas de sanciones proceden de un poco más lejos, pero igualmente de un país amigo y aliado como Estados Unidos. Por segundo año consecutivo, su Congreso nos ha otorgado el triste honor de estar en la lista negra de los cinco países más piratas del mundo, junto con México, Rusia, Canadá y China. Somos un país, asegura ese Congreso, “con una piratería endémica que no se reduce y contra la cual, el Gobierno no toma medidas”.

Bueno, creemos que ha llegado el momento de tomarlas y, probablemente, las tomará sin el apoyo de, hasta hace poco, un aliado de nuestra industria. Nos referimos al Partido Popular. En nuestro anterior editorial decíamos que habíamos oído rumores de que estaba en contra de apoyar un texto favorable a los intereses de la industria de contenidos y, por lo mismo, favorable a la protección de los derechos de autor. Bien, pues ya no son rumores, sino una certeza. Lo que nos dijo la diputada del PP, Beatriz Rodríguez, hace un año (ver tmv 160), ya no tiene valor. Es imperdonable que un partido con vocación de poder y que desea llegar al Gobierno cuanto antes, se ponga de parte de los piratas y enemigos de la industria del audiovisual por razones electoralistas. La indignación que existe en ella es enorme. Y valga como botón de muestras las dos cartas –hemos recibido muchas más y numerosas llamadas telefónicas– que publicamos en noticias y que recogen el sentir de todo el mercado. El Partido Popular debería estar codo con codo con el Gobierno en un tema de Estado en el que está implicada la supervivencia de toda una industria clave para los intereses de España. Nadie podría entender razones electoralistas para esta postura tan egoísta. Queremos pensar que aún está a tiempo de rectificar, y que encuentre asesores que le abran los ojos. Será bueno para él, para su partido y para nuestra industria.