La guerra –nos gustaría llamarle debate, confrontación y aún con términos más suaves, pero no, es guerra, muy a pesar nuestro– por ocupar el espacio legal que le corresponde a la industria audiovisual en nuestro país y que actualmente usurpan las descargas ilegales de internet, parece estar tocando a su fin. El nombramiento de Ángeles González-Sinde en sustitución de César Antonio Molina como Ministra de Cultura, es la mejor noticia que nuestra industria podía oír. El nombramiento se encuentra en esa línea de regular el mercado que nuestra revista viene anunciando desde que el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, supo por voz del actual Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden (cuando entonces era responsable del Comité de Relaciones Exteriores del Senado), que España era uno de los tres países más piratas del mundo. Así que nadie mejor que la expresidenta de la Academia del Cine para ocupar el cargo: mujer cineasta, brillante escritora de guiones, sensible hacia su profesión, que se ha pronunciado en más de una vez -incluso en nuestra revista- contra la impunidad de los piratas. No es de extrañar que éstos hayan cargado contra ella desde el primer instante en que se enteraron de su nombramiento, y que sus dardos hayan sido venenosos. Más aún: se han atrevido a insultarla y a atizarla con saña. Algo que también han hecho otros componentes del mercado ilegal. Lógico. Lo que nos parece menos lógico es que también algunos de sus compañeros de la industria la hayan atacado. Lo decíamos al principio: se trata de una guerra –contra la piratería– y no hay otra consecuencia que ganarla si queremos seguir existiendo como industria.

Con ser importante, la designación de González-Sinde ha venido acompañada de otras buenas noticias. Por ejemplo, el nombramiento –todavía no oficial al cierre de nuestra edición– del diputado europeo de CIU, Ignasi Guardans, como Director General del ICAA, otro claro luchador contra el robo de los derechos de autor. Y fuera del entramado político, la noticia de que El Juzgado de lo Penal nº 1 de Logroño ha condenado a un internauta seis meses de prisión y al pago de 4.900 euros por lucrarse con descargas de internet, a través de las webs que gestionaba, llamadas InfoPSP e InfoPS3, es igualmente esperanzadora. Demuestra que algo está cambiando en los juzgados, lugar estratégico e importantísimo para nuestro mercado, ya que ahí se van a dilucidar en el futuro muchas de las denuncias que unos y otros van a interponer a favor y en contra de las descargas gratuitas no autorizadas. No sólamente los tribunales españoles amparan a la industria legal, sino igualmente los de otros países. Un ejemplo lo tenemos en la sentencia sueca contra los cuatro administradores de “The Pirate Bay”, uno de los mayores portales de enlaces de descargas ilegales P2P del mundo, que fueron condenados a un año de cárcel y a pagar más de 2,7 millones euros en concepto de indemnización a la industria. En la sentencia se asegura que se les condena por “Ayudar a la distribución de material protegido por derechos de autor”. Esto ocurría poco después de que entrara en vigor –el 1 de abril– una ley aprobada el pasado febrero por el parlamento sueco contra la piratería cibernética. Una norma muy estricta, que permite a los poseedores de los derechos de propiedad intelectual de las obras audiovisuales recurrir a los tribunales para solicitar que se obligue a los servidores de internet a desvelar la identidad oculta tras una dirección IP, que haya compartido archivos de forma ilícita.

Por desgracia, también ha habido una de arena en esta reforma de nuestra casa empresarial en todo el mundo: el rechazo de la Ley Olivennes en la Cámara Baja francesa. Lo que parecía cantado, se convirtió en un traspiés amargo, aunque habría que llamarlo, con mejor criterio, traspiés esperpéntico, pues no de otra manera puede denominarse una votación donde la mayoría de los diputados que debían votar a favor de la ley, se encontraban ausentes por vacaciones (era Semana Santa). El texto de este Proyecto de Ley para la Protección de la Creación en Internet, llegaba a la Cámara Baja tras ser aprobado por el Senado (ver tmv 170) y ser, incluso, endurecido por una comisión mixta de senadores y diputados. Esa comisión había incluido la figura del doble castigo para los piratas. Es decir, además de ser penalizados con la desconexión de internet, los internautas reincidentes también estarían obligados a seguir pagando su servicio de ADSL durante el periodo de sanción (un año). Ley dura, pero necesaria para proteger los derechos de autor. Afortunadamente, el día 28 de abril (cuando entrábamos en máquinas) el texto volvía al lugar donde había sido rechazado, para, en buena lógica –ya que está respaldado por el partido mayoritario del Presidente de la República–, ser finalmente aprobado. Es una Ley que la mayoría de los países, entre ellos el nuestro, espera con enorme interés, pues va a marcar las pautas a seguir en los próximos meses. Volviendo a España: hemos oído rumores de que el Partido Popular estaría en contra de apoyar un texto similar al francés, promulgado por el Gobierno. ¿Es esto verdad? De ser así estaríamos ante un hecho gravísimo. Antes de las Elecciones Generales de marzo de 2008, la entonces diputada del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, aseguraba a nuestra revista: “Nosotros hemos tenido siempre una postura muy firme a favor de las descargas legales. Lo que es ilegal fuera de Internet, es ilegal en Internet”. Sería incomprensible que por intentar desgastar al Gobierno, ahora el grupo parlamentario popular cambiase de opinión. Nadie en la industria entendería que los dirigentes del PP estén dispuestos a hacer electoralismo con el tema de la piratería. Esperemos que sólo sea eso: un rumor.