En las últimas semanas se han publicado una serie de artículos en medios escritos de tirada nacional, y hemos visto varios reportajes en la televisión (en el Telediario de TVE sin ir más lejos) donde se ha tratado de dar una visión descafeinada del “mantero”. Estas informaciones venían arropadas, entre otros colectivos, por las declaraciones de unos pocos jueces y fiscales que ponían el acento en la “las desproporcionadas penas” impuestas a los vendedores ilegales de películas, música, videojuegos y programas informáticos. También hemos escuchado y leído las argumentaciones de unas denominadas “plataformas” (“Ferrocarril Clandestino” y la Asociación Sin Papeles de Madrid) defendiendo la legalización del “top manta”. La sensación que a mucha gente le habrá quedado después de oírlos y leerlos es la de que, en verdad, no son culpables de lo que hacen, pues lo hacen para comer, para subsistir y para mandarles algo a su familia que vive muy lejos, en una situación de pobreza extrema. “¡Pobrecitos manteros -nos vienen ganas de decir-, dejémosles que sigan vendiendo las obras de propiedad intelectual gratis, ayudémosles a que ganen así algo más de 300 euros al mes -que es lo que dicen que sacan en el trabajo de la “manta”- para que puedan vivir y ahorrar para sus familias!”. Ah, y ya puestos a ser caritativos, dejemos que completen la manta con perfumes pasados de contrabando, y con bolsos de marca fabricados en China por empresas dedicadas a falsificarlos, o con teléfonos, ordenadores portátiles y maquinaria electrónica traída igualmente de contrabando. Ofrezcamos nuestra ayuda dándoles la oportunidad de que vendan libros baratos de Eduardo Mendoza, John Grishan, Almudena Grandes, Amos Oz, Julia Navarro, José Saramago..., sin permiso, claro, de los autores, editados en imprentas clandestinas con papel robado; y puestos a ser caritativos, permitámosles que vendan decodificadores de canales digitales de pago. Y por supuesto: dejemos que se amontonen en los mercadillos semanales de los pueblos y ciudades -en las ferias, frente a los comercios autorizados que venden de manera legal todo eso que los manteros venden irregularmente, unos pagando sus impuestos, los otros sin pagar un euro-. ¡Pobrecitos, son manteros! Y si todos las demás puestos y tiendas que pagan sus impuestos por lo que venden, y sus productos están regulados comercialmente y son legales, preguntan: ¿por qué vamos a pagar nosotros y los manteros no?, sepamos que se trata de un acto de caridad, que es para que los pobrecitos ilegales que llegan a España puedan comer y vivir mientras encuentran trabajo legal.

España, en el pasado, ha sido un país de emigrantes. Francia, Alemania, los Países Escandinavos, el Benelux, Gran Bretaña y otras naciones que ahora son socias nuestras en la CEE, acogieron a millones de españoles que en los años cincuenta y sesenta tuvieron que marcharse para poder ganar un sueldo decente que no podían obtener en su país. A muchos, inicialmente, les costó trabajo la colocación y conseguir empleos dignos que les permitieran alcanzar ese sueño; muchos también fueron explotados de manera vergonzosa. Pero ningún español inmigrante se dedicó a ejercer ningún tipo de venta ilegal en los países que los acogieron, mientras estaban a la espera de obtener sus contratos de trabajo. Ninguno ejerció de “mantero” con productos importados ilegalmente desde España o de cualquier otro país. No somos ejemplos de “manteros”, ni de “mochileros”, ni ejercimos la explotación sistemática de compatriotas nuestros en recintos insalubres y clandestinos para fabricar nada. Éramos emigrantes a secas. Ese es nuestro ejemplo. ¿Han cambiado desde entonces las reglas de la emigración? ¿Tal vez nos hemos olvidado de esa honradez del emigrante español en todos los aspectos de su actividad?

Quienes han escrito esos artículos en la prensa nacional y publicado los reportajes en medios televisivos, deberían acercarse a los colectivos legales implicados en el problema de los manteros y preguntarles cuál es su situación. Por cada mantero que vende producto ilegal, hay muchos españoles que se dedicaban a ejercer el comercio legal que se han visto obligados a cerrar sus negocios; y son muchos los que están a punto de hacerlo si se mantiene esa oferta de que el “top manta” se despenalice. ¿Puede competir una tienda -un videoclub, cualquier comercio- que paga la ingente cantidad de impuestos municipales y estatales que se le exige, con un mantero que vende lo mismo, pero que no paga absolutamente nada? ¿Podría subsistir un canal de pago si todos sus abonados pueden conseguir un decodificador barato en la manta para poder verlo gratis? ¿Harían el negocio que hacen las empresas telefónicas, si las llamadas fueran gratis porque los usuarios pudieran disponer de decodificadores comprados en la manta o en cualquier otro sitio que modificaran sus chips internos?

El problema de los manteros no puede ser resuelto con un mal mayor, como sería la desaparición de uno o varios mercados, en aras de hacer un “acto de caridad” o ejercer una política socialmente beneficiosa para los ilegales. Cualquier ayuda (aunque sea de Derecho) o actitud políticamente generosa que implique un daño a los colectivos empresariales de sus ciudadanos involucrados en el negocio de quien se quiere beneficiar, ejerciendo la tolerancia o despenalizando su actividad ilegal, es no solo moralmente nocivo para el país que lo tolera, sino un suicidio económico y, en el caso de la propiedad intelectual, un desastre para su Cultura. Estamos por la protección y salvaguardia de todos los derechos de los emigrantes... pero legales. Estamos porque se impida el robo de la propiedad intelectual y de cualquier propiedad y contra la venta de lo robado. No se puede justificar el robo crónico “para poder comer”. Ni siquiera a los pobrecitos manteros, ni a nadie.