La industria del audiovisual está a la espera de que se confirmen las buenas noticias que se vienen rumoreando sobre un inminente acuerdo entre las compañías y las operadoras telefónicas en materia de piratería por internet. En otras palabras: aguarda con esperanza y optimismo un acuerdo entre la Coalición y REDTEL que sirva para poner fin en un plazo razonable a las descargas ilegales de películas por la red. Las palabras del hasta hace poco Director General de Paramount, Jordi Molist, en la pasada Feria de Valladolid, han servido para inyectar una gran dosis de moral en el sector del alquiler. Decía entonces Molist que “Rebajando la piratería un 13 por ciento, nuestro mercado subiría un 50 por ciento; rebajándola un 26 por ciento, doblaría; si la piratería cayera un 50 por ciento, el mercado crecería un 300 por ciento, es decir se triplicaría”. Con estas expectativas no es de extrañar que el Presidente de AEVIDEO, José Luis Carrera, nos diga en unas declaraciones que publicamos en este número que “Reduciendo la piratería, el videoclub va a experimentar una transformación positiva, mejoría que se verá reflejada en un aumento de la compra de películas a las editoras. Lo que pasa es que la condición imprescindible para ello es que haya más clientes”. Y estos se consiguen reduciendo las descargas ilegales. El futuro puede ser bueno para todos, incluso para las compañías que distribuyen contenidos por la red. Si se llega al acuerdo que todos deseamos, estas empresas podrán beneficiarse igualmente de la desaparición del tráfico ilegal, pues podrían ofrecer a sus clientes esas mismas películas, pero de forma legal. La desaparición de la piratería en internet -o en un porcentaje razonable- no tiene porque perjudicar a sus negocios de ADSL, ya que se encuentran muy implantados. Por el contrario, a través de esta tecnología puede abrir nuevas líneas de negocio con películas, videojuegos, música, etc. La propia Telefónica ya ha experimentado esta posibilidad a través de PixBox e Imagenio, sin buenos resultados debido precisamente a la piratería y a la reticencia de las compañías a operar con una empresa que permite que en su red haya web piratas y descargas ilegales.
Estamos en un país contradictorio: por un lado, hemos conseguido en las dos últimas décadas colocarnos entre los diez primeros países del mundo en ingenio empresarial y creativo; pero por otro somos uno de las naciones que menos respeta las reglas del juego, que se las salta a la torera cuando le parece bien y que justifica lo injustificable, no pocas veces con inusitada vehemencia. Que la denominada novena potencia económica del mundo, se encuentre entre los cinco países más piratas de la Tierra no sería concebible si no fuera por esa ambigüedad de la personalidad española. La justificación de la piratería no es exclusiva de una extracto social de clase baja. Por el contrario, las descargas ilegales las hacen los estamentos sociales mejor formados y preparados, aquellos con rentas más altas y, a priori, nada sospechosos de justificar cualquier tipo de delito. La piratería la justifican profesores universitarios, jueces, abogados, fiscales, periodistas, empresarios, estudiantes, pilotos y un largo etcétera de profesiones liberales. Es verdad que la piratería denominada como “top manta” ha sido igualmente asimilada por las clases sociales más bajas. Entre unos y otros se ha justificado al “negrito” de turno que, además de destruir trabajo legal, empresas legales, ganar más dinero con sus ventas en la manta que aquellos que los defendían con la frase de “pobre negrito”, ha utilizado la calle para financiar redes terroristas y mafiosas. Y todo ello con la tolerancia inicial del gobierno o de una parte de él.
¿En qué situación nos encontramos hoy? Como decimos, a la espera de que REDTEL y la Coalición lleguen a cuerdo para convertir internet en una pista segura para las obras audiovisuales. La decisión debería ser inminente, ya que el mal hecho a nuestra industria cinematográfica y musical en estos dos últimos años es catastrófico. No se puede aguantar más la presión de la piratería en internet. Muchas compañías, hasta hace poco muy solventes dentro y fuera de nuestras fronteras, están con el agua al cuello, insistimos, debido a que sus películas se encuentran a disposición de todo el mundo de manera gratuita en internet. Afortunadamente, el gobierno ha comprendido finalmente el daño que ha causado esta política de mirar para otro lado, permitiendo que una industria en otro tiempo pujante, se haya visto diezmada por anteponer a ella la implantación de ADSL en nuestro país y para controlar a una inmigración ilegal sin empleo fijo. Ninguna nación de nuestro entorno, ni mucho más lejos -salvo Afganistán y alguna otro acabada en istán-, se han permitido prácticas similares. En nuestro informe ofrecemos una panorámica de cómo han abordado los gobiernos de Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Países Nórdicos, Holanda y Bélgica el tema de la piratería en internet. En todos ellos y en muchos otros, se están promulgando leyes para perseguirla y para controlar las descargas ilegales. En todos ellos conocen la ruina que supone para su industria cultural el dejar que las obras de autor estén a disposición gratuita en la calle o en internet. En España muchos piensan que la descarga de obras audiovisuales de manera gratuita es, a pesar de no contar con la autorización de sus propietarios, legal y justificable (con tantos argumentos demagógicos y ladinos). ¿Porque no, entonces, se puede exigir y justificar igualmente que sea de balde el acceso a internet, utilizando las ADSL de forma gratuita, aunque sea haciendo conexiones caseras y chapuceras como se hizo antaño con el cableado para el videocomunitario? Sencillamente porque va en contra de las reglas del mercado y porque ningún país civilizado lo permitiría, ni siquiera en conciencia.